Antauro en el país de las maravillas


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En su columna editorial de Correo del 14 de julio, Aldo Mariátegui -actual conductor de “A primera hora”- escribió sobre la huelga de los médicos y la reciente firma de los 4 Magistrados del Tribunal Constitucional que dejaría en libertad a Antauro Humala. Citando al iracundo señor Mariátegui:

Pero no sólo los dirigentes médicos me han dejado estupefacto. Resulta que al TC se le ha ocurrido liberar a uno de los sujetos más peligrosos que existen en el país: Antauro Humala, el autor del sangriento “Andahuaylazo”, asonada lunática donde se remató a policías heridos. ¿No se dan cuenta que soltar a este racista demonio de Tasmania significará la reactivación de sus violentos y fanáticos reservistas, que la violencia en provincias se va a disparar?

Y así continúa, sin dar ningún otro aporte objetivo a este hecho, un molesto y sumamente indignado periodista, como lo señala el título de su editorial.

Hay algo curioso que sucede en la prensa cuando se tratan temas de corte jurídico.  Algo muy cierto acerca de las notas informativas es que se supone que sólo deben contener los hechos que contribuyen a la generación de una noticia. El mismo hecho de que en los periódicos se tenga un espacio tan reducido para redactar las noticias no permite que se haga una explicación de los posibles porqués de los hechos. Si hiciéramos eso,”estaríamos especulando en lugar de informar”, me dirían algunos.

Sin embargo, en este país de las maravillas que se llama Perú, existe una grave crisis de desconocimiento de mecanismos legales y cómo están señalados en los diferentes Cógidos (procesal penal, penal, civil, etc.). Tanto es así que cada vez que vemos noticias como, “dejaron libre a Llamoja”, o “Dejarán libre a Antauro”, sólo se apela a nuestro sentido común [ese que dice que todos los malos deben ser castigados] sin darnos información alguna de cuáles son los mecanismos que hacen posibles tales acciones legales. Este post pretende disipar un poco esa cortina de humo que ya nos empieza a asfixiar por el lamentable deceso de Marco Antonio.

En primer lugar, el Código Procesal Penal ( DL Nº957), indica ciertos plazos dentro los cuales se puede detener a una persona con prisión preventiva mientras dura el proceso de investigación antes de dictar sentencia. Antauro Humala ha estado preso desde hace 41 meses sin recibir sentencia. El Andahuaylazo fue en el 2005, y Antauro fue trasladado a Piedras Gordas (por el INPE) el 19 de enero de 2005. El plazo máximo que el Código Procesal Penal contempla en el Art. 272 [numeral 2] es de 18 meses (en casos complejos, o sea, este caso), con posibilidad de prolongación (Art. 274) por “un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del artículo 272”.

Entonces, amparándose en esta especificación, el papá de Antauro (como buen papá que defiende a sus hijos) presentó un hábeas corpus, el cual obtuvo sentencia derogatoria. Como Antauro seguía (sigue) sin sentencia, enconces presentó un recurso de agravio constitucional al TC. Este recurso se explicaría en pocas palabras de la siguiente manera:

Es aquel medio impugnativo, que procede contra las sentencias denegatorias expedidas en segunda instancia en el Poder Judicial, que posibilita a las personas cuyos derechos constitucionales han sido violados o amenazados a acudir al Tribunal Constitucional como última instancia para obtener en el restablecimiento de sus derechos.

Peru21, ayer, sacó una pequeña nota con las declaraciones del magistrado Carlos Mesía (el único de los 7 que aún no ha firmado la liberación de Antauro), donde explicaba que el TC podría cambiar si voto si se consideraba la fecha en la que el juez ordenó su internamiento en lugar de la fecha de la detención policial. De todas formas, han pasado ya más de CUATRO años y no se ha llegado a una sentencia. ¿Qué sucederá en el Poder Judicial, no? Se puede entender que la cantidad de detenidos es de más de cien (distribuidos en Castro Castro, Chorrilos, Ancón y Cañete). Sin embargo, las leyes son claras y aún no se ha llegado a sentencia. ¿Qué nos queda?

Antauro Humala es un hombre potencialmente peligroso, eso no se puede negar. Aldo Mariátegui afirma que al soltarlo, las revueltas en las provincias [porque, claro, ¡quién se va imaginar que en Lima habrá revueltas!, ¿no?], como si la gente de provincias sólo hiciera revueltas porque alguien les dice que las haga y ya. La única posibilidad, que se ampare por ley, que he leído hasta ahora son las declaraciones de Víctor García Toma (ex titular del TC):  [parafraseando] se debe considerar aquellas acciones o impugnaciones que dilaten el proceso judicial. Si las impugnaciones se hacen en contra de obvias acusaciones que merecen sentencia, entonces se está dilatando un proceso, mostrando “mala fe procesal”. [Un ejemplo de cómo la defensa obstructiva o dilatoria puede hacer prolongar la detención se puede ver en este expediente 2915-2004-HC/TC, punto 26].

No ha habido noticias sobre cómo se está llevando acabo esta investigación que debe dictar sentencia sobre Antauro (¿tal vez porque este proceso está protegido por ley?, quién sabe). No se sabe si es que Antauro ha estado obstruyendo o dificultando la investigación. Los periódicos no investigan que és lo que le lleva tanto tiempo al Poder Judicial el determinar una sentencia en este caso. En vez de soltar nuestra ira por el mundo cruel que no castiga a los malosos, deberíamos de pensar qué es lo que hace que Antauro viva en el país de las maravillas, un país donde las condiciones están dadas para que los malosos escapen porque los buenos  no son diligentes y eficientes en su labor. ¿O no es así?

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